LOS HECHOS
En 1984, el gobierno de Felipe González aprueba el Plan Energético Nacional (PEN-83).
El nuevo plan pretende reducir el hueco nuclear respecto del contemplado en el anterior plan energético, a 7.500 MW.
En ese momento disponían de autorización para su construcción 7 centrales nucleares, y 2 más se encontraban en proyecto.
Eran las siguientes:
• Lemóniz I y II (Vizcaya)
• Valdecaballeros I y II (Badajoz)
• Trillo I y II (Guadalajara)
• Vandellós II (Tarragona)
• Regodola I (Lugo)
• Sagayo I (Zamora)
En virtud de lo dispuesto en el nuevo PEN-83, era necesario readaptar el plan nuclear, seleccionando solamente dos de las centrales nucleares.
La decisión no era fácil.
La central nuclear de Lemóniz se descartó debido a que era la opción más desfavorable para la seguridad de las personas, y por el impacto económico que hubiera supuesto un hipotético accidente.
La central nuclear de Valdecaballeros se descartó porque las inversiones realizadas hasta ese momento habían sido menores, y contaba con una fuerte oposición social e institucional.
Las centrales nucleares de Trillo I y de Vandellós II disponían de mayor aceptación social e institucional en las zonas de su emplazamiento motivo por el cual se aprobó su construcción.
Las inversiones realizadas, que ya no podrían ser recuperadas debido a la anulación de los permisos, alcanzaban los 729.000 millones de pesetas (4.380 millones de euros).
La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen) decretó en 1994 la paralización definitiva de las centrales en proyecto.
En el año 1997 se aprueba la Ley del Sector Eléctrico, que liberaliza la producción de energía eléctrica, y termina por tanto con ella la prohibición de construir centrales nucleares en España.
Técnicamente es el fin de la moratoria nuclear.
Establecía además el sistema de compensaciones, reconociendo a las compañías eléctricas afectadas (Endesa, Sevillana de Electricidad, Unión Fenosa e Iberdrola) los siguientes derechos de cobro:
• 340.054 millones de pesetas (2.044 M€) para la central nuclear de Valdecaballeros.
• 378.238 millones de pesetas (2.273 M€) para la central nuclear de Lemóniz.
• 11.017 millones de pesetas (66 M€) para la unidad II de la central nuclear de Trillo.
En total 4.383 millones de euros.
El plazo concedido para la recuperación de esas inversiones es de 25 años, es decir, hasta 2020.
Hoy en día, una parte de la factura eléctrica todavía se destina a pagar las inversiones de proyectos de energía nuclear que nunca se han desarrollado.
En el año 2011, la anualidad correspondiente a la moratoria nuclear ascendía a 63 millones de euros.
En el año 2012, ascendió a 53 millones de euros.
El importe pendiente de compensación para los años siguientes es de 317 millones de €.
LAS CAUSAS
La proliferación de instalaciones nucleares en España se encontró con una gran oposición por parte de la ciudadanía y grupos ecologistas, particularmente intensa en Extremadura y País Vasco.
En mayo de 1982, la banda terrorista ETA asesina a José María Ryan, Ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, sugiriendo ciertas motivaciones ecologistas.
En octubre de 1982, el PSOE gana las elecciones, con la promesa de limitar la expansión de la energía nuclear en España en su programa electoral.
En 1984, se aprueba el Plan Energético Nacional.
En palabras del entonces presidente, Felipe González:
“Dos razones: La seguridad y el agobio y sobrerresponsabilidad que suponía la imposibilidad de eliminar los residuos radiactivos”.
Otra teoría sobre la moratoria nuclear abandona las causas sociales y políticas, achacando los hechos a motivaciones puramente financieras.
Y es que a consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70, los tipos de interés se dispararon, haciendo inasumibles los costes de grandes inversiones, como una central nuclear.
Estando embarcadas las eléctricas españolas en numerosos proyectos de gran envergadura, que superaban ampliamente las necesidades del sistema eléctrico nacional, la paralización administrativa de las nucleares, y posterior retorno de las inversiones, no es más que un saneamiento financiero de dichas empresas, que de otro modo se verían en una situación muy complicada, fruto de una nefasta planificación.
SI LA MORATORIA TERMINÓ EN 1997. ¿POR QUÉ NO SE CONSTRUYEN MÁS CENTRALES NUCLEARES?
Efectivamente, con la ley 54/1997 del Sector Eléctrico y la liberalización del sector que supone, es posible construir centrales nucleares en España siempre y cuando cuenten con los permisos administrativos pertinentes.
A pesar de ello, desde entonces no se ha llevado a cabo proyecto alguno de ese tipo.
¿Por qué?
Desde el momento en que construir una central nuclear moderna supone una inversión de 6.000 millones de euros, y no menos de 10 años hasta completarla, la pregunta se responde sola.
Sin un apoyo claro del Estado la inversión tiene unos riesgos demasiado elevados.
Los profesionales del ámbito nuclear reclaman un marco regulador y una planificación energética estables, como condición indispensable para el desarrollo del sector.
Las inversiones de los últimos años en instalaciones generadoras se han centrado en tecnologías renovables como la eólica y la solar, y en instalaciones con períodos de amortización más cortos y de ejecución rápida, como las centrales de ciclo combinado.
Fuentes: www.energia-nuclear.net www.ree.es www.unesa.es www.soitu.es
Ingeniándomelas 